7. Las leyes y la gestión de los ríos.
7.1. La carta europea del agua.
En mayo de 1.968, el Consejo de Europa, consciente de la importancia del agua como recurso natural imprescindible y limitado y de su degradación como consecuencia del progreso, adoptó una serie principios para su uso y conservación:


Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable apra toda actividad humana.

Los recursos en agua dulce no son inagotables. Es indispensable preservarlos, controlarlos y, si es posible, acrecentarlos.
Alterar la calidad del agua es perjudicial para la vida del ser humano y de otros seres vivos que de ella dependen.
La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas adaptadas a los diversos usos previstos, y satisfacer especialmente las exigencias sanitarias.
Cuando las aguas, después de utilizadas se devuelven a la naturaleza, no deberán comprometer el uso ulterior, público o privado, que de ésta se haga.
El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, preferentemente forestal, es esencial para el mantenimiento de los recursos hídricos.

Los recursos hídricos deben inventariarse.
Para la adecuada gestión del agua es preciso que las autoridades competentes establezcan los correspondientes planes.

La protección de las aguas implica un importante esfuerzo, tanto en la investigación científica, como en la preparación de especialistas y en la información al público.
El agua es un patrimonio común cuyo valor debe ser reconocido por todos. Cada uno tiene el deber de utilizarla con cuidado y no desperdiciarla.
La administración de los recursos hidraúlicos debiera encuadrarse en más bien en el marco de la cuenca natural que en el de las fronteras administrativas y políticas.
El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que necesita de la cooperación internacional.

7.2 La ley de aguas.
El objeto de la ley es la regulación del dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias del estado en estos temas.

El dominio público hidráulico.
Incluye ríos, arroyos, barrancos, embalses, lagos y lagunas. El cauce natural o alveo es el cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias y es el que se entiende como tal a efectos legales. A ambos lados del cauce y en todo su desarrollo longitudinal se establece una zona de servicios de 5 metros, para uso publico. Se establece también una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollan.

La administración pública del agua.
Se adoptan tres principios para la gestión del agua:

Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
Respeto de la unidad de gestión de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
Al estado le corresponde la planificación hidrológica y sus correspondientes planes; el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el otorgamiento de autorizaciones y concesiones administrativas en las cuencas que excedan del ámbito de una comunidad autónoma.

Para facilitar la participación se crea como órgano consultivo el Consejo Nacional del Agua, compuesto por repre-sentantes de las diferentes administraciones y organizaciones profesionales y económicas. Entre sus funciones está la de informar los planes hidrológicos nacional y de cuenca y todos los proyectos y planes generales que afecten al agua.

Para la gestión de cada una de las cuencas hidrográficas se crean las Confederaciones Hidrográficas adscritas al ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (actualmente al de Medio Ambiente), pero con plena autonomía de funcionamiento. Las funciones de las confederaciones hidrográficas incluyen la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca, la administración y control del dominio público hidráulico, los aprovechamientos y los proyectos de obras.

Para desempeñar estas funciones disponen de las siguientes atribuciones y cometidos:

concesión de autorizaciones y licencias.
inspección y vigilancia.
estudios hidrológicos.
• obras.

• objetivos y programas de calidad.

• prestación de servicios técnicos.

En cada cuenca hidrográfica se crea el correspondiente Consejo del Agua con la participación de la Administración estatal, la autonómica, usuarios y personal técnico.

La planificación hidrológica.
Para organizar los diferentes usos y demandas del agua y favorecer el desarrollo territorial armónico conservando el recurso y el medio ambiente se establece la necesidad de elaborar un Plan Hidrológico Nacional y los correspondientes Planes Hidrológicos de Cuenca.

Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluyen obligatoriamente:

inventario de recursos hidráulicos.
usos y demandas existentes y previsibles.
criterios de prioridad y compatibilidad de usos.
asignación y reserva de recursos para los distintos usos actuales y futuros.
características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de vertidos.
normas básicas sobre la transformación y mejora de regadíos.
perímetros de protección y medidas para la consdervación y mejora del recurso.
planes hidrológicos-forestales.
directrices para la recuperación y protección de acuíferos.
infraestructuras básicas requeridas por el plan.
criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de las condiciones para su ejecución.
prevención de daños debidos a inundaciones y avenidas.
Por su parte el Plan Hidrológico Nacional incluirá:
medidas para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca.
previsión y condiciones para los transvases entre diferentes cuencas.
modificaciones en las planificaciones de uso.
La utilización del dominio público hidráulico.
En este capítulo se delimitan los diferentes usos del agua y las medidas para su regulación y concesión de usos por parte de la administración. En general todos los usos privativos de las aguas requieren autorización administrativa. Otros usos del dominio público como el baño, el recreativo, el abrevado de ganado, pueden realizarse sin necesidad de concesión ni permisos previos.

Los usuarios del agua de una misma concesión deben agruparse en comunidades de usuarios, como las Comunidades de Regantes, para la administración de ese uso común.

La protección del dominio público y la calidad de las aguas continentales.
Corresponde a la Administración del Estado, a través de los organismos de cuenca (Confederaciones Hidrográficas) vigilar el mantenimiento de las aguas libres de contaminantes y los límites del dominio público hidráulico. Para ello se establece un mecanismo para el seguimiento y control de los vertidos por el que es necesaria autorización administrativa para la realización de cualquier vertido y se obliga a la depuración de las aguas antes de devolverlas al río.

Los pagos para la gestión del río.
Cualquiera de los usos sometidos a concesión del dominio público hidráulico debe pagar un canon cuyo importe se destina a la protección y mejora de dicho dominio. Algo similar ocurre con los vertidos, que deben pagar el correspondiente canon de vertido con le mismo fin. De la misma forma pueden establecerse pagos entre los beneficiarios de determinadas obras hidráulicas.